De acuerdo con el Articulo 149 de la Constitución de la Provincia de Salta, el Fiscal de Estado es el encargado de la defensa del patrimonio del Fisco. Es parte legítima en todos los juicios en que se afecten intereses y bienes de la Provincia. 
Emite dictamen sobre las cuestiones que el Gobernador de la Provincia le requiera. 
A requerimiento del Gobernador se encuentra legitimado para demandar la inconstitucionalidad y nulidad de toda ley, decreto, ordenanza, contrato, resolución o acto de cualquier autoridad de la Provincia que sean contrarios a las prescripciones de esta Constitución. 
El Fiscal de Estado es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y dura todo el período del Gobernador que lo designó o de su reemplazante legal, pudiendo ser designado nuevamente. 
Debe reunir las mismas condiciones que los Jueces de la Corte de Justicia y está sujeto a juicio político. 
Una ley orgánica regula sus funciones y competencias. 
El Fiscal de Estado es titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada, además, por los funcionarios de la Fiscalía de Estado y los abogados de la Fiscalía de Estado.
Depende directamente del Gobernador de la Provincia de Salta, tiene jerarquía equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo y ejerce sus competencias con independencia técnica.
Los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos que sienta el Fiscal de Estado son obligatorios para todos los abogados del Estado. Su dictamen constituye la última etapa jurídica del procedimiento administrativo y la remisión de las actuaciones a conocimiento de aquel será exclusivamente, por el Gobernador, los Ministros y el Secretario General de la Gobernación.
Ejerce la representación del Estado, en todos los juicios en los que actúa como demandado o como demandante.
También interviene en las actuaciones que tramitan ante las autoridades administrativas en las que se hallen comprometidos los intereses patrimoniales del Fisco.
Estas competencias que el ordenamiento jurídico le asigna ponen de relieve la especial significación institucional de este funcionario. En efecto, se trata del órgano constitucional encargado de la defensa judicial de la Provincia de Salta.
En suma, puede afirmarse que nos encontramos frente a una institución esencial en el sistema de tutela de los intereses estatales y del regular funcionamiento de la actividad administrativa.